El estudio, promovido por la Confederación Autismo España, ha realizado un examen de la aplicación de la Ley de Dependencia en todas las comunidades autónomas.

Sobre la participación de los beneficiarios en la financiación del coste de las prestaciones que perciben, también conocida como 'copago', el informe destapa que aunque la Ley determine en su articulado que su cuantificación se realiza según la capacidad económica del dependiente, en realidad, todo el sistema está esencialmente articulado en referencia a la 'renta familiar'. "Esto implica mayor participación del beneficiario en la financiación", denuncia.

A fecha de hoy, según el estudio, no se ha aprobado ningún plan autonómico de prevención de la situación de dependencia, un instrumento, según sus autores, que tendrá una importancia "fundamental" a la hora de establecer los criterios a los que las comunidades autónomas deberán atender a la hora de aplicar los programas dirigidos a evitar el agravamiento de estas situaciones.

En cuanto a los servicios de 'promoción de la autonomía personal', recuerda que se trata de un derecho subjetivo consagrado en la propia ley y que por lo tanto "no puede considerarse como un aspecto residual del sistema sino que es una parte fundamental del mismo". Por ello, los responsables del estudio solicitan que se incluya esta definición en el texto articulado de la Ley, de manera que las comunidades autónomas comiencen a concederlo de manera regular para que los dependientes puedan desarrollar su vida "disfrutando de la mayor autonomía posible".

La ampliación del servicio de teleasistencia a personas que puedan requerir este apoyo para desarrollar una vida lo más independiente posible; la "insuficiente" ayuda a domicilio, que establece la intensidad del número de horas en función del grado y nivel de dependencia; la "necesaria" flexibilización del concepto de asistencia residencial; o las compatibilidades entre servicios distintos, así como la adecuada regulación de las normas de los mismos, completan el análisis de este documento.

Para el presidente del CERMI la causa de "insatisfacción" hay que buscarla en lo que la Ley, "por propia esencia, no regula": sus desarrollos normativos "difusos e incluso confusos", que han quedado en manos, por una parte, de la Administración central y de los gobiernos autonómicos, reunidos en el Consejo Territorial de la Dependencia; y, por otra, en el ámbito de decisión exclusivo de la comunidades autónomas.
 

Los datos presentados por este estudio coinciden con las impresiones que el Observatorio de la Dependencia de FEAPS MADRID está recogiendo en su red de centros a través de la implicación de los profesionales y la participación de las familias. Éstas han manifestado en numerosas ocasiones no existe suficiente información y la que hay es confusa; y además aquellas familias que ya han ingresado en el Sistema, consideran que la Ley no aporta nada nuevo.