El CERMI considera que tal acuerdo no se atiene a lo que dispone la Ley, que en el apartado 7 de su artículo 14 establece que la determinación de la capacidad económica de las personas beneficiarias del SAAD se hará por vía reglamentaria (Real Decreto) y que lo adoptado no tiene por tanto rango normativo suficiente.

El CERMI lamenta también que se haya aprobado un sistema de copago recaudatorio contrario a los planteamientos del sector asociativo de la discapacidad, cuyas demandas han sido ignoradas. La coparticipación del beneficiario en la financiación será, según este acuerdo, determinada por las Comunidades Autónomas en atención a la renta y patrimonio del beneficiario, en base a unos requisitos y umbrales mínimos y máximos que se recogen en el texto adjunto.